Los robos en gasoductos inconclusos se repiten en todo el país y algunos caños terminaron en fincas tucumanas
Domingo 10 de Mayo de 2020, 08:28
INSOLITO. Los costosos caños de acero sin costura terminan convertidos en comederos para animales.La respuesta a la pregunta del millón está en otras provincias, donde tubos de gasoductos que también tenían obras paralizadas por el Gobierno nacional fueron robados y reducidos en el mercado negro como comederos para animales vacunos o piezas nobles con las que finqueros y contratistas de dudosa reputación ejecutaron obras de alcantarillados, cruces de ruta, acueductos y conducciones de riego.
En Mendoza, La Pampa, Chubut, La Rioja y Catamarca hay antecedentes que muestran los alcances de una multimillonaria defraudación al Estado argentino con influencias políticas, sobornos y vistas gordas de fiscales y jueces, tanto provinciales como federales, que poco o nada hicieron para detener a una red ilícita que, desde hace un tiempo, tiene instalado su aceitado montaje en municipios del norte salteño.
Con poco, la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio marcó una salvedad. El 17 de junio de 2018, gendarmes detuvieron en Pampa Salamanca (Chubut) dos camiones cargados con caños de una obra de ampliación del Gasoducto San Martín, paralizada por el escándalo internacional que dejó mal parada a su contratista: la brasileña Odebrecht.
A diferencia de lo que ocurrió en Aguaray y Mosconi, la jueza sureña secuestró los camiones, detuvo a cuatro choferes y con las indagatorias constató que 262 tubos de 30 pulgadas, valuados en cerca de $170 millones, se vendieron a través de las redes sociales.
En esa causa, que hoy tiene dos procesados y 15 imputados, las declaraciones permitieron localizar 80 de esos caños en fincas de Salta y Tucumán, donde los convirtieron en comederos para ganado y alcantarillas. El Juzgado de Chubut mantuvo hasta ahora bajo llaves los nombres de los comerciantes, transportistas y productores involucrados en la reventa ilegal de los caños del Estado.
Con aportes de investigadores de Comodoro Rivadavia, se pudo confirmar que entre los imputados se cuenta Maximiliano Alves Carneiro, dueño de un taller metalúrgico de Villa María (Córdoba), quien aparece en muchos de los remitos fraguados junto a Adrián Antonio Vera. Este último es un estafador serial con domicilio declarado en La Paz (Mendoza).
Ambos, en realidad, son oriundos de Luján de Cuyo, donde tienen sus supuestas sedes muchas de las empresas que se reiteran en los millonarios fraudes con caños gasíferos. Diego Andrés Alos, el empresario al que el intendente de Aguaray le regaló 35 kilómetros del Gasoducto del NEA, también es un comerciante de Luján de Cuyo, que registró en esa localidad, el 11 de noviembre de 2018, la firma OSIP SA.
A mediados de 2019, la red ilícita robó 1.200 caños de un gasoducto proyectado desde Chamical (La Rioja) hasta Casa de Piedra (Catamarca). Las obras, valuadas en 20 millones de dólares, se habían iniciado en octubre de 2013 y quedaron paralizadas a fines de 2015, con 80 de 122 kilómetros terminados. El valor de los tubos saqueados, de 10 pulgadas, se estimó entonces en $70 millones.
El 9 de julio de 2019, un vecino de Chamical, Amaro Romero, alertó a la Policía sobre el robo de caños con una máquina y dos camiones. Poco después, ante efectivos de seguridad, el dueño de la transportista santafesina, Enzo Mora, manifestó que había sido contratado para llevar los caños a Villa María (Córdoba). Según la factura, Maximiliano Alves Carneiro había vendido los tubos de Enarsa a Adrián Antonio Vera por un irrisorio precio unitario: $350.
La máquina, los camiones y su cargamento fueron inmovilizados por orden de un juez provincial, Alejandro Aquiles. El saqueo, sin embargo, no se detuvo. El 28 de julio de 2019, un funcionario de Migraciones y una concejal de Chamical denunciaron ante la Justicia Federal en La Rioja que camiones seguían saliendo con más caños saqueados hacia Buenos Aires. Hoy aquellas actuaciones siguen durmiendo en la Justicia Federal de esa provincia.
A fines de 2017, Adrián Antonio Vera fue detenido en La Pampa, luego de librar cheques falsos por montos millonarios, pero un meteórico beneficio judicial lo puso nuevamente en las calles.
En marzo de 2018, fue nuevamente detenido en Santa Fe por otra estafa masiva.
En las últimas semanas, Vera dejó otro tendal de damnificados en el norte salteño y se esfumó. Su inmunidad no puede explicarse sino por complicidades en altos niveles institucionales.
En los 35 kilómetros de gasoducto que quedaron a merced del saqueo en Salta, había 2.700 caños acerados sin costuras, de 24 pulgadas, adquiridos con fondos nacionales a Tenaris (Techint).
Cada uno vale 5.000 dólares y aún se desconoce cuántos fueron robados.
En Mercado Libre tubos usados, de las mismas características, se venden por $197.000 ($15.367 el metro con IVA incluido) para convertirlos en comederos y bebederos de hacienda o usarlos en obras de alcantarillado, cruces de rutas, acueductos, conducciones de riego y otros proyectos de ingeniería.
En el mercado negro, que se mueve por las redes sociales cada caño saqueado y revendido reporta hasta $150.000.
En la cadena ilícita, los tubos robados con complicidad política en el norte salteño no son, ni por asomo, un pasivo ambiental contaminante, dañino y despreciable como los encuadró el intendente de Aguaray en su insostenible resolución del 23 de diciembre de 2019.
El exintendente Alfredo Darouiche, quien falleció el pasado 23 de abril, manifestó días antes que el ingeniero Prado, como secretario de Medio Ambiente de su gestión, tuvo apreciaciones profesionales muy distintas.
Sin embargo, nunca le tomaron una declaración. Solo hizo una presentación espontánea de una carilla, el 26 de febrero, pidiendo a la Fiscalía Federal de Orán que desestime la denuncia. El titular de Osip SA, Diego Andrés Alos, hizo lo propio y todo quedó ahí. /El Tribuno
Cada uno vale 5.000 dólares y aún se desconoce cuántos fueron robados.
En Mercado Libre tubos usados, de las mismas características, se venden por $197.000 ($15.367 el metro con IVA incluido) para convertirlos en comederos y bebederos de hacienda o usarlos en obras de alcantarillado, cruces de rutas, acueductos, conducciones de riego y otros proyectos de ingeniería.
En el mercado negro, que se mueve por las redes sociales cada caño saqueado y revendido reporta hasta $150.000.
En la cadena ilícita, los tubos robados con complicidad política en el norte salteño no son, ni por asomo, un pasivo ambiental contaminante, dañino y despreciable como los encuadró el intendente de Aguaray en su insostenible resolución del 23 de diciembre de 2019.
El exintendente Alfredo Darouiche, quien falleció el pasado 23 de abril, manifestó días antes que el ingeniero Prado, como secretario de Medio Ambiente de su gestión, tuvo apreciaciones profesionales muy distintas.
Sin embargo, nunca le tomaron una declaración. Solo hizo una presentación espontánea de una carilla, el 26 de febrero, pidiendo a la Fiscalía Federal de Orán que desestime la denuncia. El titular de Osip SA, Diego Andrés Alos, hizo lo propio y todo quedó ahí. /El Tribuno
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