Se oficializó la intervención de medios públicos, incluyendo la TV Pública y Télam

Lunes 05 de Febrero de 2024, 11:27

Medios de Comunicación Públicos



Desde el Gobierno Nacional se estableció la intervención de los medios públicos durante un año y se nombró a los encargados de supervisarlos. El decreto 117/2024, que ya había sido anunciado, fue publicado en el Boletín Oficial este lunes.

La intervención incluye las entidades Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que conforman la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar, las cuales anteriormente estaban bajo la supervisión de la Jefatura de Gabinete.

Según el texto oficial, los interventores tendrán la autoridade que el Directorio y/o el presidente de las empresas intervenidas les otorgan, así como las establecidas en el decreto en cuestión.

Chaher y Marías (Interventor e Interventor Adjunto) tendrán que "crear un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades" que será sometido al Ejecutivo; evaluar, modificar el Estatuto del personal del organismo o aprobar uno nuevo; cambiar el reglamento de contratación de obras, bienes y servicios.

Además, tendrán la autoridad para cambiar el nombre de las organizaciones, aunque esto debe ser aprobado por la Casa Rosada; también, podrán revisar la gestión de compras y contrataciones, así como llevar a cabo una auditoría completa sobre el estado de las instalaciones, los bienes recibidos y su estado actual.

El propósito de la intervención es administrar y mantener las empresas, para optimizar la gestión administrativa y lograr su sustentabilidad.

Los interventores también tendrán la capacidad de "designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas" para lograrlo. Sin embargo, el decreto explica que "el detalle proporcionado en los párrafos anteriores es meramente enunciativo y no limita las funciones del Interventor y del Interventor Adjunto que puedan estar relacionadas con otros temas regulatorios, auditorías y sanciones, temas económico-financieros y la protección de los derechos de los usuarios".

“En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor y el Interventor Adjunto deberán informar con precisión su incidencia económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda”, señala. /LaGaceta