El embargo a la concesionaria de El Cadillal alcanzará a sus cuentas y los pagos que reciba de Cammesa
Jueves 09 de Mayo de 2024, 07:49
FALLO FAVORABLE. la Cámara Federal avaló la presentación de la Provincia.El el juez federal José Manuel Díaz Vélez ya había trabado embargo sobre bienes muebles e inmuebles de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), intermediaria por los servicios que brinda y que le paga a Hidroeléctrica Tucumán SA.
Pero desde la Fiscalía de Estado que encabeza Gilda Pedicone de Valls, se pidió que el embargo recaiga sobre los pagos que la empresa demandada perciba de Cammesa, y sobre las cuentas, cajas de ahorro o certificados de depósitos en plazo fijo, títulos públicos, acciones y otros fondos o valores no monetarios o cajas de seguridad a nombre de la empresa encargada de las represas.
La resolución fue tomada por los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones, con el voto de Ricardo Sanjuán, Marina Cossio, Mario Leal, Patricia Molteni y Fernando Poviña.
El Gobierno demanda que la firma devuelva el dinero que erogó la Provincia para reparar el dique. En la demanda se mencionó que “por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/8 del 17 de enero de 2023 se autorizó la reparación del dique El Cadillal, tras lo cual la Provincia se hizo cargolos trabajos, mediante la contratación en base a cotejo de precios de la empresa que ejecutó la tarea.
El artículo 4º del DNU reza que ‘el Poder Ejecutivo realizará todos los trámites y acciones tendientes al recupero de los fondos invertidos ante la empresa Hidroeléctrica de Tucumán SA y/o ante quien corresponda y al reclamo de los daños y perjuicios que pudiera generarse”.
La empresa tiene la explotación de la concesión por 30 años, desde el 3 de julio de 1996.
Cuando la Provincia comenzó a pedir informes para hacer cumplir con el fallo del juez Díaz Vélez descubrió que la empresa no tiene bienes inmuebles, y sólo tiene una flota de 25 autos en distintos puntos del país, y aparentemente en no muy buen estado. Y por eso se decidió apelar no el embargo en sí, sino la forma. “Se trata de dinero gastado por el Estado Provincial -ante la elusión de responsabilidad contractual de la empresa- y frente al peligro que sufre el Dique y el riesgo para la provisión de agua potable”, arguyeron en la Provincia.
“En el acotado margen de análisis de una medida cautelar podemos, sin embargo, advertir y, resulta fácilmente comprobable, que asiste razón a la recurrente (la Provincia) acerca de que los bienes muebles registrables no alcanzan a cubrir mínimamente el monto sobre el cual el juez de primera instancia hizo lugar al embargo”, sostuvieron los camaristas.
Por eso, “el embargo ordenado por el juez debe trabarse sobre sumas de dinero que la demandada tenga a percibir de Cammesa y sobre sumas de dinero que posea en cuentas bancarias, cajas de ahorro o certificados de depósito a plazo fijo, títulos públicos y acciones. Todo ello por el monto dispuesto de $936.660.939,57”, detallaron.
“A tales efectos, una vez devuelto el expediente a primera instancia, el Sr. Juez deberá tomar las medidas necesarias para la traba del embargo aquí ordenado y, respecto de las sumas depositadas en entidades bancarias, librar oficio al Banco Central de la República Argentina a fin de que éste informe cuales son las entidades en las que Hidroeléctrica Tucumán S.A. posee cuentas, cajas de ahorro o certificados de depósito a plazo fijo, títulos públicos y acciones”, sostuvieron.
Los trabajos de reparación iniciaron el 16 de marzo de 2023 y se interrumpieron el 20 de octubre al cumplirse el plazo original establecido en el contrato con la Unión Transitoria de Empresas Sabavisa S.A y Mercovial S.A. Plazo en el que las obras de reparación de la presa lateral N°3 alcanzaron un 50 por ciento de ejecución.
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