La Provincia logró recuperar los terrenos usurpados de la reserva natural de La Angostura
Viernes 07 de Marzo de 2025, 05:39
RESTITUCION. Los frustrados compradores de terrenos que fueron ocupados y vendidos de manera ilegal, comenzaron a retirar sus pertenencias de los lotes, que vuelven a manos del Estado.La denuncia fue presentada a fines de octubre de 2023, cuando empleados estatales descubrieron que desconocidos habían ocupado la zona protegida. La Policía procedió a desmontar los cercados y la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, solicitó a la Justicia una medida de no innovar. En consecuencia, una jueza ordenó suspender la venta de lotes y detener cualquier construcción en el área protegida.
En enero de 2024, la Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal contra los vendedores y posibles involucrados en la comercialización ilegal de los terrenos. Posteriormente, en un hecho sin precedentes, la Fiscalía y el Ministerio Público Fiscal solicitaron la restitución de las tierras sin audiencia previa. Velázquez accedió al pedido y concedió un plazo a los ocupantes para desalojar el área. Sin embargo, los demandados apelaron la decisión, pero un tribunal de impugnación confirmó el fallo original.
El abogado Alejandro Turbay, defensor de varios compradores, solicitó una audiencia para revocar la medida cautelar, argumentando la existencia de nuevas pruebas. Entre ellas, presentó la declaración de una mujer que afirmó haber residido en el lugar desde el año 2000, informes sobre la ausencia de cartelería que indicara que las tierras pertenecían a una reserva, y documentación vinculada a un juicio sucesorio iniciado en 2012 por Segundo Ramón Herrera, quien reclamaba la propiedad del terreno.
Sin embargo, el fiscal Miguel Varela rechazó todos estos argumentos y aseguró que la documentación presentada no acreditaba posesión legítima de los terrenos. “Estamos en un área protegida del Estado, donde recientemente se iniciaron edificaciones en el marco de un negocio ilícito. Se trata de boletos privados de venta de tierras que no tenían propietario legítimo”, sostuvo Varela.
Los representantes de la Fiscalía de Estado, José María Molina y Héctor Geria Lapore, también se opusieron al pedido, señalando que los fundamentos ya habían sido evaluados y desestimados por un tribunal de impugnación. “No existen nuevos elementos que justifiquen revocar la medida cautelar”, argumentaron.
El juez Velázquez ratificó la decisión de recuperar las tierras y desestimó los argumentos de los ocupantes. “El hecho de que no haya guardabosques, alambrados o carteles en el predio no afecta la posesión del Estado. La Corte Suprema ha reiterado que los bienes de dominio público no pueden ser objeto de apropiación privada”, enfatizó en su resolución.
Asimismo, Velázquez recordó que la Reserva Natural La Angostura está protegida por normas ambientales y que cualquier modificación del terreno requiere autorización de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre y Suelo del Gobierno de Tucumán.
Durante la audiencia, algunos compradores denunciaron malos tratos por parte de la Policía, incluyendo una supuesta agresión a un hombre y a su hijo con autismo. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Seguridad negaron las acusaciones.
En respuesta, Velázquez instruyó al Ministerio Público Fiscal y a la Fiscalía de Estado para que capaciten al personal policial sobre su rol en el desalojo y eviten abusos, intimidaciones y agresiones. Además, solicitó que se investigue la denuncia del presunto ataque policial.
Con la resolución firme y sin posibilidad de impugnación, los ocupantes deberán desocupar las parcelas adquiridas entre 2020 y 2023. Aquellos que no acaten la orden serán desalojados por la fuerza, previa autorización del Colegio de Jueces de Monteros.
Según las estimaciones oficiales, unos 30 lotes fueron vendidos en este emprendimiento ilegal. Muchos de ellos estaban cercados y algunos en fase de construcción. Desde el martes, los compradores comenzaron a retirar materiales y pertenencias del lugar. Se les otorgó plazo hasta el lunes para completar el desalojo, con excepción de aquellos que presentaron impugnaciones y que aún pueden recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.
El fallo sienta un precedente clave en la defensa de las áreas protegidas en Tucumán y refuerza la política del Gobierno provincial de combatir la ocupación ilegal y la venta fraudulenta de tierras públicas.
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