El policía separado de la fuerza que mató a un joven en el barrio Victoria trabajaba de rondín y no tenía permiso para portar armas

Viernes 04 de Abril de 2025, 08:07

LA ESCENA DEL CRIMEN. La muerte del joven con problemas de adicción a manos de un policía separado de la fuerza que trabajaba de rondín, ocurrió cerca de la garita en la que se guarecían los vigías.



Un joven de 31 años murió tras recibir un disparo en el rostro durante la madrugada del sábado en el barrio Victoria de la capital tucumana. El presunto autor del crimen es Claudio Brandán, un ex policía que se desempeñaba como rondín en la zona, y que ahora fue imputado por homicidio simple. El hecho generó no sólo conmoción entre los vecinos, sino también un fuerte debate sobre el rol que cumplen las cooperativas, agencias y particulares contratados para brindar seguridad en barrios de toda la provincia.

La víctima fue identificada como Raúl Alejandro Vargas, un vecino del barrio que atravesaba una grave situación de consumo problemático y vivía en situación de calle. Fuentes judiciales confirmaron que su madre había solicitado una exclusión del hogar por episodios de violencia y robos cometidos por el joven. “Duele que termine así, pero era un chango perdido en la droga”, expresó un vecino.

El crimen ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana del sábado, en la esquina de Matienzo e Inca Garcilaso. Vecinos escucharon un disparo y al salir se encontraron con el cuerpo de Vargas tendido en la vía pública. Al llegar las autoridades, el autor del disparo ya no estaba en el lugar, pero fue rápidamente identificado por los testigos: Claudio Brandán, quien realizaba tareas de vigilancia en el barrio y que tras el disparo habría desaparecido.

Brandán, cabo de la Policía separado de la fuerza por razones de salud, no tenía autorización para portar armas. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos alegó haber actuado en legítima defensa, al asegurar que Vargas intentó agredirlo con un arma de fuego. Según su defensa, el disparo se habría producido en medio de un forcejeo. 

A pesar de ese argumento, el fiscal Pedro Gallo lo imputó por homicidio simple, y el juez Alejandro Tomás le dictó prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La medida generó el rechazo de la querella. El abogado Patricio Char, representante de la familia de la víctima, criticó la decisión judicial: “Si cualquier ciudadano hubiera matado en las mismas condiciones, hoy estaría preso. Hay un blindaje para quienes tienen vínculos con fuerzas de seguridad”, denunció.

El caso reavivó una discusión silenciosa pero creciente en Tucumán: el papel de las empresas, cooperativas y rondines contratados para brindar seguridad ante la falta de cobertura estatal en muchos barrios. Según relatan los vecinos, Brandán era quien organizaba un grupo informal de vigilancia en el barrio Victoria. Su figura era conocida, aunque algunos residentes aseguraron no saber que portaba un arma.

“En esta zona no hay una, sino varias personas que se dedican a vigilar. No siempre sirven, pero sin ellos estamos a la deriva”, dijo Sebastián Medina. Otros testimonios, como el de Fernanda Jiménez, reflejan el dilema cotidiano: “Sólo buscamos seguridad porque el Estado no nos la da. Pero ahora estamos preocupados: no sabíamos que estaba armado y no queremos más problemas”.

El caso se encuentra en etapa de investigación y la fiscalía deberá determinar si se trató de un acto de legítima defensa o si el ex policía actuó con dolo. Mientras tanto, en el barrio persiste la tensión, el miedo y un interrogante que se repite en muchos rincones de la provincia: ¿quién cuida a los que pagan por seguridad?