Miércoles 20 de Agosto de 2025, 18:21
Sandro, padre del joven internado tras una golpiza en la Escuela Técnica Nº 2, fue a radicar la denuncia y descubrió que las autoridades de la institución lo habían denunciado a él.
Un alumno de 13 años permaneció internado durante 24 horas en el Hospital de Niños tras recibir una golpiza proferida por uno de sus compañeros. Según el parte médico,
el menor sufrió un traumatismo de cráneo como consecuencia de los golpes en la cabeza. El padre del chico, Sandro, sostuvo que
no se trata de un episodio aislado: aseguró que su hijo venía siendo víctima de agresiones previas.
Al recibir el alta, Sandro se dirigió a la comisaría seccional 2.ª para formalizar la denuncia por el ataque; sin embargo, relató que allí le informaron que la denuncia la había radicado la propia institución educativa, apuntándolo a él por supuestas amenazas y agresiones contra el personal escolar. “Fui a radicar la denuncia correspondiente en la comisaría y me dicen que yo soy el denunciado. Me denunciaron por amenazas. Todo está grabado y filmado; hubo personal policial en ese momento y yo no agredo a nadie. Había cuatro policías, yo me retiré en mi auto llevando a mi hijo al hospital y no hice nada más”, declaró Sandro a Los Primeros.
Además, otra madre que se presentó en la comisaría declaró que el acoso entre estudiantes sería frecuente dentro de la escuela, describiendo la situación como una práctica reiterada entre alumnos. Su hijo también fue atacado por compañeros.
El incidente plantea varias cuestiones relevantes: la seguridad en el ámbito escolar, la respuesta institucional frente a episodios de violencia entre pares y la articulación entre la escuela, la policía y las familias.
Por un lado, el hecho de que un menor haya sufrido una lesión craneal exige una investigación exhaustiva y medidas de protección inmediatas para la víctima y otros alumnos potencialmente en riesgo.
Por otro, la existencia de denuncias cruzadas entre la familia y la escuela complica el esclarecimiento de responsabilidades y llama a transparentar los procedimientos seguidos por la autoridad educativa y la fuerza de seguridad local.
Para avanzar en una resolución adecuada, sería necesario que las autoridades competentes: 1) impulsen una investigación judicial y administrativa para determinar las circunstancias del ataque y la posible responsabilidad institucional; 2) adopten medidas de protección y acompañamiento psicopedagógico para la víctima y su familia; 3) implementen protocolos claros contra el bullying y la violencia escolar, con mecanismos de denuncia accesibles y de seguimiento; y 4) garanticen la transparencia de las actuaciones policiales y administrativas, incluyendo la revisión de las denuncias cruzadas para evitar la revictimización.
El caso remarca la importancia de abordar la violencia entre pares como un problema de salud pública y educativo que requiere intervención coordinada entre escuelas, familias y autoridades sanitarias y judiciales para prevenir nuevos episodios y proteger a los menores. /
Los Primeros