Entre 2009 y 2025,
la suma de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la
Prestación Alimentar y el Apoyo Alimentario del Plan 1.000 Días aumentó de 4,7 millones a 7,4 millones de beneficios.
Y explican en buena medida la reducción de la indigencia y la pobreza,
de acuerdo a un Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El conjunto de prestaciones logra reducir la tasa de pobreza en 3,26 puntos porcentuales para
personas y 2,29 puntos para hogares. Esto significa que, de no existir
estas transferencias, los niveles de pobreza serían un 10% más elevados.
En términos absolutos, este paquete de políticas evita que 1.529.209
personas y 368.490 hogares caigan por debajo de la línea de pobreza.
El
impacto es considerablemente mayor en la lucha contra la indigencia. La
tasa de indigencia en personas se reduce en 5,69 puntos, lo que implica
que, sin estas políticas, la indigencia sería un 82% más alta. En el caso de los hogares, la reducción es de 3,81 puntos, lo que representa un 71% de aumento en la tasa de indigencia si no se contara con esta ayuda.
De
esta manera, las prestaciones analizadas son cruciales para que
2.671.992 personas y 611.570 hogares logren superar el umbral de la
pobreza extrema (indigencia) y puedan acceder a una canasta básica de
alimentos, según la OPC.
La
Asignación Universal para la Protección Social (AUH y AUE) constituyen
el componente de mayor volumen y estabilidad en términos de beneficios
otorgados. Desde su creación en 2009, cuando se incorporaron 3,4
millones de prestaciones al sistema, la cobertura mostró un crecimiento
sostenido hasta alcanzar una meseta en torno a los 4,3 millones de
beneficios anuales a partir de 2023. Esta línea representa la base
estructural sobre la cual se monta gran parte del sistema de protección
social a la niñez, con una cobertura masiva y consolidada.
Siendo
el componente de más reciente creación, las acciones de nutrición del
"Plan de los 1.000 días" se implementaron a partir de 2022 con una
cobertura inicial que superó las 750.000 prestaciones. Tras ese primer
año de puesta en marcha, la cantidad de beneficios otorgados evidencia
un leve descenso y una posterior estabilización, ajustándose primero a
poco más de 700.000 en 2023 y consolidándose luego en torno a los
655.000 beneficios para el bienio 2024- 2025.
Al analizar los tres componentes en conjunto, se observa una participación paulatinamente creciente en el PBI hasta el año 2019.
En 2020, la inversión agregada experimenta un salto significativo,
superando por primera vez el 1% del producto, para luego iniciar una
tendencia descendente hasta 2024. Las ejecuciones de 2024 y de 2025,
reflejan una renovada priorización de estas políticas, revirtiendo la
caída de los años previos y consolidando un piso de inversión social en
torno al 1% del PBI.
El
análisis de la última década y media evidencia una notoria expansión
del andamiaje de programas de ayuda social destinados a la niñez y
adolescencia, tanto en la cantidad de prestaciones otorgadas como en su
participación presupuestaria.
Este crecimiento, sin embargo, se ha desarrollado en paralelo a un
progresivo deterioro de los indicadores socioeconómicos, sugiriendo que
la ampliación de la cobertura responde más a la necesidad de contener a
una población creciente en situación de vulnerabilidad que a la
consolidación de un sistema de protección universal. /Clarín