Megacausa por usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

La Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal que dirige Diego López Ávila, consideró al comisario como jefe y al resto (un ex policía y un abogado) como miembros principales, en tanto otros lo hacían como partícipes secundarios. 

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Emely Rafael, en representación del titular y acompañada por la instructora, Florencia Giménez Saravia, se refirió a la conformación y los roles que tuvieron en los ilícitos ocurridos entre el mes de febrero de 2023 y hasta marzo de 2025. “Como parte de las maniobras desplegadas por la asociación y con la finalidad de cumplir los fines de la misma, el comisario en calidad de jefe suministraba información confidencial y reservada al ex policía ya imputado en el presente legajo, respecto a las denuncias realizadas por las víctimas de las usurpaciones y las evidencias fílmicas y testimoniales acompañadas en forma inmediata de formuladas, y previa a poner en conocimiento de la autoridad judicial, comunicando una vez avanzada la investigación las indicaciones e instrucciones impartidas por el Ministerio Fiscal en cada caso (medidas, diligencias, órdenes de allanamiento, etc.)". 

"Asimismo, otro ex miembro de la fuerza ejerció influencia directa sobre personal policial no identificado por la investigación alertando a los restantes miembros”, relató la Auxiliar de Fiscal. 

"Los miembros y colaboradores de la asociación ubicaban propiedades en San Miguel de Tucumán, y previa información obtenida sobre los datos personales y antecedentes dominiales o catastrales, estado de los juicios sucesorios y demás, suministraban dicha información a uno de los abogados, quien efectuaba un análisis detallado del estado dominial y jurídico en el que se encontraban, comunicando sobre aquellas propiedades potencialmente vulnerables que eran informadas al jefe."

“De ese modo, utilizando diferentes personas circunstanciales estudiaban los movimientos de los propietarios o poseedores de los inmuebles, concurriendo a las inmediaciones de los domicilios para observar y trazar en razón de ello los horarios y momentos en el que estos ingresaban o salían de las propiedades, lo que alimentaba directamente la finalidad de la asociación”, subrayó Rafael. 

"Una vez realizado el despojo y a los fines de consolidar su plan delictivo los terceros colaboradores formulaban denuncias en calidad de víctimas o se presentaban como testigos a sabiendas y con pleno conocimiento de su falsa condición, designando en ocasiones como letrado defensor o patrocinante en los diferentes procesos civiles y penales a quien suministraba información útil y actual sobre el estado procesal y las medidas que realizaba la Unidad Judicial, ofreciendo testigos para sostener su engañosa y falaz posesión y/o presentando como evidencia documentación cuyo contenido simulado resultaba inexistente a sabiendas y con pleno conocimiento que contenían datos e información falsa, desplegando maniobras ardidosas de tal magnitud, con el fin de hacer caer en error no sólo a los particulares damnificados al afectar su derecho de propiedad, sino también a la Administración de Justicia."

Para finalizar, la Fiscalía pidió la prisión preventiva siendo otorgada por el juez actuante bajo la modalidad de arresto domiciliario por 31 días para tres de ellos (comisario, ex policía y un abogado de 49 años) al considerarlos miembros principales de la asociación ilícita. 

En tanto, los otros cinco (entre ellos dos mujeres) lo harán con medidas de menor intensidad. 

Tal plazo coincidirá con lo dispuesto para los demás integrantes (entre ellos el ex policía y otro abogado).