
Sábado 10 de Enero de 2026, 23:11
La causa judicial que involucra al delegado comunal de Huasa Pampa Sud, Alberto Federico Villafañe, dio un giro en las últimas horas luego de que la Justicia ordenara un allanamiento en el domicilio de la mujer que lo denunció por abuso sexual y de su pareja, en el marco de una investigación por amenazas y presunta extorsión denunciada previamente por el propio funcionario.
El procedimiento se realizó este sábado 10 de enero en una vivienda de la localidad de Pueblo Viejo, departamento La Cocha, y estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, con intervención del Ministerio Público Fiscal en feria. Según el parte oficial, el allanamiento tuvo resultado positivo y se concretó en el marco de una causa iniciada el 30 de diciembre de 2025 por Villafañe, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte y exigencias de dinero a través de mensajes telefónicos.
De acuerdo con esa denuncia, el delegado comunal afirmó que, de no acceder a los pedidos económicos, sería acusado públicamente de abuso sexual. Por estos hechos, señaló como responsables a un exempleado de la comuna y a su esposa. Por orden de la jueza Norma Cecilia Tasquer, del Colegio de Jueces del Centro Judicial de Concepción, se secuestraron dos teléfonos celulares: un Motorola Edge 50, atribuido a la mujer, y un Motorola Razr flexible, perteneciente al hombre. Ambos dispositivos quedaron a disposición de la Justicia para peritajes técnicos considerados claves para la investigación.
Este nuevo allanamiento se produce apenas dos días después de otro procedimiento judicial, realizado el jueves 8 de enero, cuando la Policía allanó el domicilio del delegado comunal en el marco de una causa por abuso sexual. Esa investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 7 de enero de 2026 y derivó en el secuestro de teléfonos celulares y equipos informáticos del funcionario, en relación con una presunta infracción al artículo 119 del Código Penal.
Tras ese primer allanamiento, Noticias del Interior mantuvo una entrevista periodística privada con la mujer denunciante, realizada fuera de toda instancia judicial y con resguardo absoluto de su identidad. En ese testimonio, la mujer aseguró haber sido víctima de abusos reiterados, describió forcejeos y malos tratos, y afirmó que los hechos habrían ocurrido entre septiembre y noviembre de 2025. También sostuvo haber recibido mensajes insistentes, hostigamiento y amenazas, y señaló que el acusado le habría manifestado tener “poder político” y que “nadie le iba a hacer nada”.
Actualmente, la Justicia analiza dos expedientes distintos pero estrechamente vinculados: la denuncia por abuso sexual iniciada el 7 de enero de 2026, que motivó el allanamiento al delegado comunal, y la denuncia por amenazas y presunta extorsión presentada el 30 de diciembre de 2025 por el funcionario, que derivó en el procedimiento realizado este sábado contra la mujer y su pareja.
Ambas causas se encuentran en plena etapa investigativa, con peritajes digitales pendientes y bajo estricta reserva judicial. El caso genera fuerte impacto político y social en el sur tucumano, tanto por la gravedad de las acusaciones como por la condición de funcionario público de uno de los involucrados. Será el Ministerio Público Fiscal el encargado de determinar, a partir del análisis de la prueba reunida, la veracidad de cada denuncia y las eventuales responsabilidades penales.