Lunes 12 de Enero de 2026, 06:20
El comercio ilegal de hojas de coca atraviesa en Tucumán una transformación sin precedentes y se convirtió en un fenómeno de escala industrial que desafía los controles judiciales y policiales. Lo que durante décadas fue una práctica marginal, sostenida por compras esporádicas y circuitos cerrados, hoy exhibe rasgos propios de un mercado competitivo: marcas identificables, campañas de promoción en redes sociales, envases llamativos y una logística que alcanza a más de una decena de provincias argentinas.
Referentes sociales y consumidores coinciden en que el cambio fue abrupto. “Antes era difícil conseguir hojas de coca y se compraba lo que había; ahora se vende en cualquier lado y hasta se puede elegir”, relató
Luis Martínez, quien recordó que en otros tiempos el producto llegaba desde el norte del país en condiciones precarias y con alto riesgo penal. Esa percepción es compartida por el comisario
Jorge Nacusse, jefe de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quien advirtió que procedimientos que décadas atrás eran excepcionales hoy se multiplican. “En los años 90 secuestrar tres kilos era un logro. Hoy hablamos de cargamentos mucho mayores. Los hábitos sociales avanzan más rápido que la legislación”, señaló.
El núcleo del problema está en una contradicción normativa que persiste desde hace más de 40 años. En la Argentina está permitido el consumo de hojas de coca desde fines de los años 80, pero continúa vigente un decreto de 1978 que prohíbe su producción, importación, transporte y comercialización.
Ese vacío legal, según investigadores, terminó fortaleciendo un circuito clandestino de enormes dimensiones. Sólo en 2025, en Tucumán se secuestraron más de 16.000 kilos de hojas con destino a la provincia y a otras 13 jurisdicciones del país. Especialistas estiman que esa cifra podría representar apenas el 30% de lo que realmente se contrabandea, con un potencial de ganancias que rondaría los $ 1.500 millones.
El crecimiento del consumo también modificó su perfil cultural. Lo que antes era una práctica asociada a sectores específicos hoy aparece naturalizada en reuniones sociales, eventos nocturnos e incluso boliches, según testimonios recogidos durante la investigación. “Ahora hay hojas saborizadas, seleccionadas y hasta presentadas como un producto gourmet”, describió Esteban Herrera, mientras otros consumidores ironizan sobre la sofisticación del mercado y la variedad de presentaciones disponibles.
Las investigaciones judiciales y policiales detectaron además un despliegue comercial inédito. Distribuidores con base en Tucumán utilizan redes sociales para promocionar marcas, exhibir vehículos de alta gama y ofrecer franquicias de venta en todo el país. En algunos casos, se identificó el uso de promotoras en bares y eventos para posicionar el producto, una estrategia que ya es analizada por fuerzas federales. “Hay una estructura organizada que combina logística, marketing y distribución, todo dentro de un esquema completamente ilegal”, advirtió un funcionario con acceso a la pesquisa.
Según los datos reunidos, la hoja de coca ingresa mayoritariamente desde Bolivia, aunque en plataformas digitales también se publicita mercadería supuestamente proveniente de Perú y Colombia. Los investigadores no descartan que esas referencias formen parte de una estrategia comercial para elevar precios y reforzar la idea de calidad. Los envíos, de acuerdo con el material analizado, se camuflan en cajas de otros productos para eludir controles y llegar a provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Corrientes, San Juan, Río Negro y San Luis.
La expansión del negocio impulsó además la aparición de comercios especializados que ofrecen todo un “ecosistema” vinculado al coqueo: bicarbonatos saborizados, yista con bajo sodio, estuches de cuero, recipientes artesanales y una amplia gama de derivados, desde té y harina de coca hasta caramelos, cremas y productos para el mate. Los precios varían desde unos pocos cientos de pesos hasta cifras que superan los $ 25.000, lo que evidencia la rentabilidad del circuito.
En el marco del Operativo Lapacho, las autoridades judiciales sostienen que Tucumán se está consolidando como un centro estratégico de acopio y distribución a nivel nacional. Mientras el consumo continúa creciendo y el mercado se vuelve cada vez más visible, la Justicia enfrenta el desafío de intervenir en un negocio que combina aceptación social, vacíos legales y una estructura ilegal cada vez más sofisticada.