Abusos sexuales y violaciones en el Senado bonaerense: hablaron las víctimas y describieron una trama de poder y sometimiento
Miércoles 14 de Enero de 2026, 02:14
De acuerdo con el expediente, una parte de los ataques sexuales se habría producido dentro del propio edificio del Senado bonaerense, específicamente en la oficina 007, una dependencia que se encuentra bajo la órbita directa de la Presidencia de la Cámara. Ese dato le dio al caso una dimensión institucional de alto impacto, ya que no solo se investigan delitos sexuales de extrema gravedad, sino también la presunta utilización de instalaciones estatales para cometerlos.
Los testimonios fueron brindados cerca del edificio legislativo, pero en un espacio abierto y resguardado, sin cámaras ni registros visuales y con las identidades estrictamente protegidas. Las denunciantes coinciden en un punto central: durante años callaron por miedo, vergüenza y desconfianza en el sistema judicial, y recién ahora decidieron hablar públicamente al sentirse más contenidas y protegidas por el avance de la causa.
Las tres mujeres son jóvenes, dos de ellas menores de 30 años y una de 31. Todas trabajan o trabajaron en organismos públicos, estudian o estudiaron carreras universitarias y provienen de sectores populares y de clase media. Se acercaron a la política desde la militancia, con una expectativa compartida de participación, formación y transformación social. Según relataron, ese recorrido terminó derivando en una relación profundamente desigual, marcada por el abuso de poder, la manipulación emocional y el sometimiento.
La detención de los acusados, concretada el 29 de diciembre de 2025, fue señalada por las víctimas como un punto de inflexión. “Fue un alivio”, coincidieron. “Sentimos que volvimos a vivir”. Antes de ese momento, explicaron, la sensación era de encierro y amenaza permanente, incluso muchos años después de ocurridos los hechos.
La causa tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki. Las víctimas son representadas por los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, quienes sostienen como hipótesis central la existencia de un mecanismo reiterado de captación y sometimiento: acercamiento a través de la militancia política, generación de vínculos de confianza, promesas de acompañamiento y crecimiento, inserción laboral en el Estado, contratos con ingresos elevados y, posteriormente, exigencias de devolución de parte del salario bajo el argumento de “tareas militantes”.
Rodríguez y Silva Muñoz fueron dirigentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, un espacio político kirchnerista que se desprendió de Unidos y Organizados y que, con el tiempo, pasó a integrarse al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ambos ocupaban roles de conducción política y formación militante, lo que, según la acusación, profundizaba la asimetría de poder con las denunciantes.
En el caso de Rodríguez, la investigación también analiza su desempeño como docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito desde el cual —según surge del expediente— habría contactado a al menos una de las víctimas. Además, se lo vincula a la presunta secta “La Orden de la Luz”, una organización que, de acuerdo a las pesquisas judiciales, utilizaba correos electrónicos con lenguaje encriptado para comunicarse.
Los relatos de las víctimas describen un daño que va más allá de lo físico. Una de ellas, de 27 años, licenciada en Ciencia Política y empleada del Senado, explicó que el abuso tuvo una dimensión psicológica y simbólica muy profunda. “No fue solo el cuerpo. Fue la cabeza, las convicciones, la confianza en la militancia”, expresó. Señaló que el aprovechamiento se dio sobre ideales que consideraban genuinos y que eso dejó secuelas difíciles de revertir.
La segunda denunciante, de 29 años y oriunda de Ringuelet, relató que al principio todo se presentaba como una oportunidad: reconocimiento, puertas que se abrían, promesas de crecimiento. Con el tiempo, dijo, esa cercanía se transformó en miedo. La dependencia laboral, el temor a perder el trabajo o a quedar señalada dentro del ámbito político funcionaron, según su testimonio, como un cerco que impedía denunciar.
La tercera mujer, de 31 años, platense y actualmente empleada en una dependencia de la Universidad Nacional de La Plata, contó que tuvo que abandonar sus estudios de Trabajo Social mientras ocurrían los hechos. “Yo era una piba llena de proyectos”, afirmó. Vivió durante años con miedo y aseguró que la detención de los acusados le permitió, por primera vez, sentir que algo comenzaba a ordenarse.
Las tres coincidieron en que saben que no son las únicas víctimas y que esa certeza fue clave para decidir hablar. Aclararon que no buscan exposición mediática ni revancha personal, sino que la Justicia avance y que otras mujeres no atraviesen situaciones similares. “Queremos que se sepa, que se investigue y que no vuelva a pasar”, resumieron.
El caso mantiene en el centro de la escena al Senado bonaerense y a su presidenta, la vicegobernadora Verónica Magario, por el alcance institucional de las denuncias. Mientras el edificio legislativo continúa con su actividad habitual, la investigación judicial avanza sobre hechos que, de confirmarse, marcarían uno de los episodios más graves de abuso de poder y violencia sexual en el ámbito político provincial.
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