Lunes 19 de Enero de 2026, 05:55

IMPARABLE. La paradoja legal que prohíbe su ingreso al país pero permite su consumo, explica el crecimiento irrefrenable de un negocio que además, se beneficia de las aplicaciones tecnológicas que diversifican el comercio.
El avance sostenido de la comercialización de hojas de coca en Tucumán volvió a quedar bajo la lupa judicial y policial, al confirmarse que se trata de una actividad ilícita ampliamente extendida, socialmente aceptada y con un impacto económico millonario. Aunque el consumo está permitido en la Argentina, la producción, el ingreso, el transporte y la venta continúan prohibidos por ley, lo que convierte a cada punto de expendio en una infracción vigente.
Durante 2025, solo la Policía de Tucumán secuestró 16.125 kilos de hojas de coca, una cifra que da cuenta de la magnitud del fenómeno y del crecimiento exponencial del mercado. Pese a ello, no existe un registro oficial de cuántos quioscos, drugstores, comercios o estaciones de servicio venden el producto, aunque se estima que son cientos. Sí se logró establecer que al menos cinco proveedores mayoristas operan desde la provincia, abasteciendo a toda la red minorista.
La discusión volvió a instalarse luego de una serie de informes que expusieron primero el aumento del consumo y luego los engranajes de la distribución. El último eslabón, la venta al público, terminó de mostrar la dimensión de un negocio que funciona sin regulación, con precios dispares y sin controles sistemáticos. En este contexto, algunos comerciantes admiten abiertamente la ilegalidad, pero reclaman una solución de fondo. “No se puede ir en contra de las costumbres de la gente. Van a hacer controles y el producto se va a encarecer. Es preferible regularizar el mercado”, sostuvo Juan Pedraza, propietario de un quiosco.
Desde la Dirección General de Drogas Peligrosas, su jefe, el comisario Jorge Nacusse, describió un cambio drástico en la modalidad de venta. “Antes se hacía casi en secreto. Hoy se comercializa sin disimulo: se exhibe en los locales y se ofrece por redes sociales”, advirtió. En la misma línea, el comisario Fabio Ferreyra, responsable del Operativo Lapacho, recordó que mientras la normativa siga vigente, toda hoja de coca en tránsito es considerada contrabando. “El consumo fue socialmente aceptado o se transformó en una moda. El año pasado incrementamos los secuestros en más del 300%”, precisó.
Funcionarios de la Justicia Federal y de la Dirección General de Aduanas coincidieron en que el problema central es la ausencia de una ley que regule el circuito. Hasta que eso ocurra, remarcaron que los controles seguirán recayendo en las fuerzas de seguridad, aunque admitieron que resulta insuficiente sin el acompañamiento de municipios y comunas. “Solos no podemos”, reconocieron. Ferreyra fue más directo: “Podemos frenar cargamentos en las rutas, pero si no hay controles locales, la lucha pierde sentido”.
Desde distintas municipalidades, funcionarios consultados —la mayoría en reserva— reconocieron falencias estructurales: desconocimiento de la prohibición, habilitaciones comerciales que no incluyen control de mercadería, disputas internas sobre qué área debería inspeccionar y un dato revelador: muchos de los encargados de controlar son, a la vez, consumidores habituales.
La falta de regulación también se traduce en una enorme dispersión de precios. En el Gran San Miguel de Tucumán, una bolsa de 20 gramos se vende entre $ 1.500 y $ 2.500; la de 40 gramos oscila entre $ 2.000 y $ 4.000; y la de 250 gramos alcanza valores de $ 18.000 a $ 28.000, según la calidad, el saborizado o el procesamiento de la hoja. Con esos valores, la mercadería secuestrada en 2025 podría haber generado entre $ 1.200 y $ 1.600 millones en el mercado local. En contraste, en Bolivia —donde la hoja es legal— esos mismos 16.125 kilos se cotizarían en torno a los $ 225 millones.
Los comerciantes, sin embargo, relativizan las ganancias. “No deja grandes márgenes. Es un atractivo más para subsistir, como los cigarrillos o las recargas de tarjetas”, afirmó Luis Arrabal, dueño de un drugstore de Tafí Viejo. La postura es rechazada por los consumidores. “¿Cómo no va a ser negocio si no pagan impuestos? Si estuviera regulado, ahí se vería la rentabilidad real”, replicó Luciano Estévez.
Mientras el debate social avanza y la aceptación cultural del coqueo se profundiza, la Justicia y las fuerzas de seguridad continúan aplicando una ley que, según coinciden todas las partes, quedó desfasada frente a una realidad que creció en silencio y hoy expone uno de los mercados ilegales más extendidos del norte argentino.
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