Erika, Cinthia, Gaby y Paulina: Cuatro muertes violentas envueltas por las sombras del narco
Miércoles 21 de Enero de 2026, 06:14
SIMILITUDES. A poco andar, la investigación de la violenta muerte de Erika Alvarez quedó emparentada con otros sonados crímenes atravesados por el narcotráfico.El asesinato de Érika Antonella Álvarez, ocurrido en enero de 2026, volvió a encender alarmas en el ámbito judicial tucumano al reactivar una línea de investigación que atraviesa otros tres casos emblemáticos y todavía impunes: los de Paulina Lebbos (febrero de 2006), Cynthia Moreira (febrero de 2018) y Ana Gabriela Picciuto (marzo de 2023). En todos ellos aparece, de manera directa o indirecta, el narcotráfico como posible trasfondo. Aunque el expediente más reciente avanzó con rapidez y ya tiene un sospechoso detenido, los investigadores insisten en que ninguna causa puede considerarse cerrada sin una sentencia firme.
Entre los casos de Álvarez y Lebbos aparece una coincidencia que no pasó inadvertida para los investigadores: Felipe “El Militar” Sosa, detenido por el crimen de Érika, sería sobrino de Eduardo Di Lella, uno de los condenados por el encubrimiento del asesinato de Paulina. Además, la localidad de El Cadillal figura en ambos expedientes. En el último cumpleaños de Álvarez se habría realizado allí una fiesta privada con consumo de drogas y prácticas sexuales grupales, mientras que en la causa Lebbos también se investigó una reunión similar, conocida como “la fiesta del poder”, aunque nunca se logró probar su realización.
A este entramado se sumó el testimonio de un testigo que vinculó a un sospechoso del crimen de Álvarez con el asesinato de Picciuto, conocido como el “crimen de Chacabuco 59”. Si bien esto no implica que una misma persona haya cometido todos los hechos, los investigadores advierten que podrían responder a un modus operandi violento utilizado para garantizar la impunidad en contextos asociados al tráfico y comercialización de drogas.
“Quizás estuvieron en el lugar y en el momento equivocados o sabían cosas que no debían”, reflexionó Alberto Lebbos, padre de Paulina. Recordó que, a lo largo de los años, hubo tres juicios con sentencias condenatorias, pero todas estuvieron vinculadas al encubrimiento y no al esclarecimiento del crimen de su hija.
En el expediente de Érika Álvarez, los testimonios apuntaron a tres personas: un hombre conocido como “Deivid”, que ya declaró y entregó su celular para ser peritado; Felipe Sosa, detenido y con presuntos vínculos con el narcomenudeo; y un tercer individuo identificado como “Carlos”, un supuesto narcotraficante paraguayo o brasileño que habría elegido Tucumán como refugio al ser buscado por autoridades de al menos dos países. Un joven declaró ante la fiscal María del Carmen Reuter que este último podría estar relacionado con vuelos narcos que operarían en la provincia. Para Carlos Garmendia, abogado de la familia Álvarez, los indicios son suficientes como para abrir una causa paralela por tráfico de drogas.
El crimen de Paulina Lebbos marcó un antes y un después en la historia judicial de Tucumán. En febrero de 2006 salió a bailar a un boliche de El Abasto y nunca regresó. Su cuerpo apareció días después camino a Raco. Durante el juicio surgió la figura de un narco que habría tenido vínculos con César Soto, ex pareja de la joven, y con Virginia Mercado, quienes estuvieron con ella esa noche. Mercado, oriunda de Aguaray —zona de ingreso de droga desde Bolivia— abandonó la provincia alegando persecución mediática, aunque en el debate oral quedó acreditado que ocultaba otros temores. Los jueces ordenaron investigarla por encubrimiento y el próximo 12 de febrero podría cerrarse esa causa mediante un juicio abreviado.
Tras dos décadas, la causa Lebbos acumula diez condenados, todos por encubrimiento. Policías, funcionarios y hasta un fiscal fueron sentenciados, pero nadie por la desaparición y el homicidio de la joven. “Alguien muy poderoso estuvo detrás de todo esto”, insistió su padre, quien remarcó que el delito continúa mientras no se conozca la verdad. En marzo, el inicio del juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk abre una nueva oportunidad para avanzar.
Las similitudes entre los cuatro crímenes refuerzan la hipótesis de un patrón común: las víctimas habrían sufrido castigos físicos previos; los cuerpos fueron ocultados lejos del lugar de muerte; aparecieron desnudos o semidesnudos, en algunos casos envueltos en bolsas o plásticos; y los autores eligieron sitios estratégicos para garantizar la impunidad. En todos los expedientes surgieron líneas narco y serias falencias en la recolección de pruebas biológicas, clave para este tipo de investigaciones.
A excepción del caso Álvarez, donde hubo una detención en apenas una semana, las demás causas estuvieron signadas por demoras, errores y testimonios contradictorios. Hubo imputados absueltos, condenas luego revocadas y procesos que aún esperan definición. Hoy, con la formulación de cargos contra Sosa, se inicia un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner bajo la lupa un entramado oscuro donde convergen violencia extrema, encubrimientos y narcotráfico.
“No hay crímenes perfectos, sino investigaciones imperfectas”, repite Alberto Lebbos. La frase resume el estado de causas que, salvo la más reciente, llevan años —y en algunos casos décadas— sin ofrecer respuestas definitivas a las familias y a la sociedad.
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