Fiestas electrónicas, sexo y vuelos narcos: el trasfondo del crimen de Érika Antonella Álvarez
Jueves 29 de Enero de 2026, 07:57
Un crimen brutal, un acusado con pasado militar y una red de drogas y poder bajo la lupa judicial.El asesinato de Érika Antonella Álvarez, una joven de 25 años cuyo cuerpo fue hallado en un basural de Manantial Sur, expuso una trama compleja que combina consumo problemático de drogas, encuentros sexuales, vínculos con el narcotráfico y el accionar de un empresario de seguridad con pasado militar. Por sus múltiples aristas, el caso ya es considerado uno de los más resonantes de la historia policial reciente de Tucumán.
Por el hecho se encuentra detenido Felipe Sosa, conocido como “El Militar”, único imputado hasta el momento. El fiscal Carlos Picón sostiene que entre el miércoles 7 y el jueves 8 el acusado golpeó a la víctima hasta causarle la muerte en un domicilio de Yerba Buena y que luego intentó deshacerse del cuerpo arrojándolo en un descampado. La causa de la muerte habrían sido los golpes recibidos, entre ellos una maniobra conocida como “toma de león”, que habría provocado lesiones en las vértebras cervicales.
Según la hipótesis oficial, tras el crimen Sosa ató el cuerpo para facilitar su traslado, lo colocó en una bolsa de residuos y lo abandonó en el lugar donde finalmente fue encontrado. Los investigadores creen que no habría actuado completamente solo y que habría contado con ayuda para intentar ocultar el homicidio.
Érika Álvarez estudiaba Enfermería y atravesaba problemas de adicción. No tenía trabajo ni ingresos fijos y, de acuerdo con la investigación, se vinculaba con hombres que le facilitaban sustancias. En un primer momento, su familia sostuvo que se desempeñaba como dama de compañía, pero luego se estableció que habría participado en fiestas privadas donde había consumo de drogas y sexo grupal.
En ese contexto aparece el nombre de un hombre señalado como su pareja sentimental y sostén económico, presuntamente vinculado al narcotráfico. Familiares y allegados indicaron que se trataba de un ciudadano paraguayo conocido como “El Mayor”, mencionado en diversas causas por liderar una organización dedicada al tráfico de marihuana por vía aérea. Ese hombre alquilaba una casa en El Cadillal donde se realizaban reuniones a las que asistía la joven.
La Justicia intenta determinar si esa relación fue solo sentimental o si la víctima cumplía algún otro rol dentro de ese entorno. Tampoco se descarta que ese vínculo haya sido el nexo entre Álvarez y Sosa. Especialistas consultados señalaron que resulta poco probable que alguien asesine a la pareja de un narco sin que este tenga conocimiento previo del hecho.
El perfil del acusado también concentra la atención. Sosa egresó del Colegio Militar, prestó servicios en el Ejército y luego integró la Legión Extranjera francesa. Más tarde abandonó la carrera militar y se volcó al rubro de la seguridad privada, hasta fundar su propia empresa. No tiene antecedentes penales, pero sí afrontó varios procesos judiciales, entre ellos una causa federal por cultivo de marihuana —en la que fue sobreseído— y otra por violencia de género, que también terminó sin condena en medio de fuertes cuestionamientos.
En las últimas horas trascendió además que habría sido denunciado por amenazas de muerte por un ex cuñado, expediente cuyo estado procesal aún no fue esclarecido. Durante los allanamientos realizados en su empresa, la Policía secuestró vehículos, armas de fuego, una caja fuerte y dispositivos electrónicos que ahora son analizados.
La investigación también avanza sobre el círculo íntimo del acusado. Sosa declaró ser divorciado, padre de dos hijas y estar en pareja con una empleada judicial. En sede judicial reconoció encuentros sexuales múltiples y admitió haber consumido drogas junto a la víctima. Los pesquisas intentan identificar a otras personas que podrían haber participado de esos encuentros.
En paralelo, se iniciaron las pericias genéticas sobre muestras biológicas obtenidas del cuerpo de Álvarez, mientras continúan los análisis de los teléfonos celulares secuestrados. Aunque el celular de la víctima no fue hallado, los técnicos evalúan la posibilidad de recuperar información mediante herramientas tecnológicas.
Desde el Ministerio Público y la Policía aseguraron que la causa sigue abierta y que se investigarán todas las líneas, incluida la narco. La familia de la joven reclama que no quede ningún cabo suelto y que se determine si hubo más personas involucradas, directa o indirectamente, en el crimen.
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