Jueves 29 de Enero de 2026, 08:09
La defensa de Felipe “El Militar” Sosa, imputado por el homicidio de Érika Antonella Álvarez, denunció ante la Justicia presuntos malos tratos, presión psicológica y restricciones indebidas durante su alojamiento en el penal de Benjamín Paz. Según sus abogados, el acusado fue trasladado a Tucumán bajo un operativo desmedido y actualmente se encuentra detenido en condiciones que vulnerarían sus derechos básicos.
El planteo fue realizado durante una audiencia en la que los defensores Marcelo Cosiansi y Rubén Flores cuestionaron el trato recibido por su defendido desde su detención. “Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán”, sostuvo Cosiansi, quien aseguró que Sosa continúa padeciendo hostigamiento y malos tratos dentro del establecimiento penitenciario.
Flores agregó que las condiciones también afectan el ejercicio del derecho de defensa. Señaló que las entrevistas con el imputado se realizan con un vidrio de por medio, bajo custodia permanente del personal penitenciario y con Sosa esposado de pies y manos, lo que —según afirmó— impide mantener reuniones confidenciales y en un marco adecuado.
Desde el Ministerio Público, la auxiliar fiscal Luz Becerra, por instrucciones del fiscal Marcelo Leguizamón, afirmó no estar al tanto de las situaciones denunciadas y aclaró que las condiciones de alojamiento no dependen de la acusación. No obstante, consideró que el planteo debe ser analizado para evitar que se repitan situaciones similares.
El querellante Carlos Garmendia, representante de la familia de la víctima, coincidió en que corresponde revisar el planteo, aunque remarcó que ello no debe interferir con el normal desarrollo del proceso penal.
En el mismo contexto, la defensa también solicitó que Sosa sea evaluado por un especialista en salud mental al advertir que atraviesa una crisis vinculada al consumo de drogas y que podría estar sufriendo un síndrome de abstinencia. Según los abogados, en el penal de Benjamín Paz no se brinda la contención necesaria para ese tipo de cuadros.
Becerra recordó que antes de su alojamiento un perito oficial examinó al imputado y concluyó que no presentaba signos de intoxicación ni abstinencia. Aclaró que no se oponen a que reciba atención médica, pero sí a que sea trasladado fuera del penal.
Durante la audiencia, Sosa tomó la palabra y reconoció dificultades personales. “Estoy viviendo un momento difícil. Cuando uno consume, piensa que todo está bajo control, pero ahora me doy cuenta de que no es así”, declaró. Además, pidió que se le permita tener contacto con otros internos, ya que se encuentra alojado en soledad.
Al resolver, el juez Eduardo González afirmó que no advirtió signos evidentes de síndrome de abstinencia, pero consideró necesario atender los planteos de la defensa. Por ese motivo, ordenó que un especialista en salud mental evalúe al imputado y que el Servicio Penitenciario elabore un informe detallado sobre las condiciones de su encierro. Ambas medidas deberán cumplirse en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria de $500.000.