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Crece el enfrentamiento entre la comunidad indígena y el delegado comunal en Amaicha del Valle
Jueves 29 de Enero de 2026, 11:25
Por su parte, Caillou afirmó que la asamblea convocada por la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle para tratar su expulsión es ilegal y viola una orden judicial vigente, según lo establecido por el Juzgado en Feria del Centro Judicial Monteros.
"Más allá que la Asamblea era inválida porque la Justicia así lo determinó, no llegaron al quorum necesario para que tenga validez", señaló Caillou a CONTEXTO.
De acuerdo al decreto firmado el 20 de enero de 2026 por el juez Guillermo Alfonso Robledo, la convocatoria a una asamblea con el objetivo de analizar la expulsión del actor contradice expresamente la sentencia dictada en audiencia el 29 de diciembre de 2025, la cual fue aceptada por ambas partes sin posibilidad de recurso
El magistrado remarcó que dicha sentencia impuso prohibiciones absolutas, entre ellas la de realizar “remociones o reestructuraciones institucionales con vocación de permanencia” y cualquier acto que altere el status quo institucional de la comunidad. En ese marco, sostuvo que convocar una asamblea para tratar la expulsión de Caillou constituye una violación directa de la medida cautelar vigente
Ante las denuncias presentadas, el Juzgado intimó al apoderado de la comunidad, Horacio Emanuel Díaz, a desistir de inmediato de cualquier asamblea o acto vinculado a la expulsión del actor, otorgándole un plazo perentorio de tres días para acreditar el cumplimiento, bajo apercibimiento de sanciones penales y multas económicas
En su carácter de cacique y miembro del Consejo de Ancianos, con el respaldo de gran parte de la Comunidad Indígena, Díaz convocó a una Asamblea Extraordinaria para tratar la expulsión de Caillou, medida que se terminó concretando.
Con buena convocatoria, la Asamblea se llevó adelante. En la resolución emitida por el cuerpo, se ratificó a la Asamblea comunitaria como la "única fuente legítima de autoridad" en Amaicha del Valle, y cuestionaron la intervención del Estado provincial, por medio de Caillou, acusando una "violación directa al derecho a la libre determinación".
La Asamblea también decidió desconocer el proceso judicial iniciado por Caillou y exigir el levantamiento de cualquier medida cautelar o resolución judicial que limite, condicione o suspenda el funcionamiento de la Asamblea Comunitaria. Por otra parte, desde la Comunidad Indígena también intimaron al Estado provincial y nacional a abstenerse de cualquier forma de injerencia en la vida política e institucional de Amaicha del Valle, y anticiparon que denunciarán como una violación de los derechos humanos colectivos del Pueblo Diaguita cualquier acción que desconozca la resolución.