Domingo 23 de Noviembre de 2025, 14:23
Las elecciones ya quedaron en la historia. El contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) borró de un plumazo la supuesta amplia medianera que se había instalado entre los libertarios y el kirchnerismo. Es decir, la grieta volvió, al menos por ahora, a su rol protagónico.En la economía el Gobierno delimitó otros campos. El primero es no amedrentarse por la opinión de analistas locales, internacionales o del propio Fondo Monetario Internacional (FMI). Está convencido de que la acumulación de reservas no va por el camino que marca la lógica convencional. O, en otras palabras, va con la lógica que impone el equipo económico que apunta que la salida para la Argentina va por la cuenta capital, es decir, confianza, crédito e inversión y no por flotación con acumulación. Para el equipo económico esta última visión está enmarcada en un dólar artificialmente alto.
“El que pide flotación con acumulación, está pidiendo una devaluación”, dice un importante funcionario del Gobierno.
Pero hay otra pata de la economía que el Ejecutivo quiere encausar o, por lo menos, dar un golpe de efecto. En este sentido la lupa está puesta sobre los que pagan impuestos, pero que no pagan lo que el Gobierno considera que corresponde.
De hecho el Ejecutivo comenzó a investigar a los bancos, las petroleras, la industria del juego y también a las prepagas, billeteras virtuales y medios de pago. El objetivo es prioritario para la Dirección General Impositiva (DGI) de cara a 2026 ya que calcula que por diferencias en la presentación de quebrantos y en la valuación de títulos públicos, el Estado perdió cerca de $100.000 millones.
En el caso de los bancos la deuda prevista notificada es algo más de $28.360 millones. A esa cifra se suman notificaciones en curso por una cifra similar. En todos los casos la DGI quiere que los bancos dejen de ajustar por inflación los quebrantos (las pérdidas), una situación por la cual el Gobierno sostiene que no está contemplado en la ley.
Los bancos se defienden diciendo que no es lógico que se ajusten por inflación las ganancias y no se ajusten las pérdidas por igual motivo.
El mismo caso ocurre con la industria energética. En este sector el Gobierno ya logró que varias corrijan los números y que en los próximos balances paguen más Ganancias. El caso más emblemático es del YPF, con el mayor monto reclamado. Ya hubo acuerdo entre las partes.
La industria del juego es otro rubro que la DGI tiene apuntado. En este sentido la deuda estimada y fiscalizada en curso llega a los $11.457 millones. Al mismo tiempo corre una cantidad similar de fiscalizaciones todavía no calculadas de forma precisa, pero en el Gobierno creen que la cifra rondará los $22.000 millones. Y teniendo en cuenta que el Bingo Oasis Pilar tiene un amparo, el número reclamado podía ser mayor al actual. Entre los dueños mayoritarios del Bingo Oasis Pilar figuran los empresarios Ricardo Glazman y Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza. En este caso, más allá del reclamo que la DGI intenta hacer, los empresarios están amparados por la cautelar en curso.
Por último, también está en la mira el sector de las prepagas y a las empresas de pago y billeteras virtuales. En este caso, la cifra que el Gobierno reclama por ajustar las pérdidas por inflación supera los $10.000 millones en el caso de las prepagas.
Con respecto a los pedios de pago, la investigación apunta de forma directa a Sur Finanzas PSP, la empresa conducida por Ariel Vallejos, un empresario cercano a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, porque supuestamente tampoco declara las ganancias como corresponde. Sur Finanzas PSP está vinculada a diferentes equipos del fútbol argentino, entre los que se encuentran Racing, Barracas Central (el club de Tapia), Platense, Atlanta y otros del sur bonaerense como Banfield, Los Andes y Temperley.
En la última semana Sur Finanzas PSP fue allanada a raíz de la investigación por el caso de posible corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Cabe aclarar que Vallejos no está mencionado en el expediente de ANDIS y que su empresa no está investigada por el caso de la agencia. Lo que la Justicia busca clarificar es qué pasó con parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete, dos empresarios vinculados a la causa. /
Clarín