Primer movimiento legal y fuerte advertencia: la defensa de Julio Iglesias pidió frenar la causa y la exposición mediática

Lunes 19 de Enero de 2026, 09:17

El abogado de Julio Iglesias insta a la Fiscalía de España a "detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha con grave daño reputacional".



La defensa de Julio Iglesias dio su primer paso formal tras la denuncia presentada en su contra y solicitó el archivo inmediato de la causa, al considerar que la justicia española no tiene jurisdicción sobre los hechos denunciados.

Según un escrito difundido por su abogado, José Antonio Choclán, el cantante pidió que la Fiscalía de la Audiencia Nacional declare “sin más trámite” la falta de competencia de España para intervenir en el caso. En el mismo documento, el letrado reclamó además que se detenga “la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional” para el artista de 82 años.

La denuncia fue presentada el 5 de enero por dos ex empleadas del músico, quienes afirmaron haber sido víctimas de presuntos delitos sexuales y de trata de personas. De acuerdo con su presentación, Julio Iglesias habría abusado de su posición de poder con empleadas jóvenes y en situación de precariedad.

Una de las denunciantes también relató ante los medios que destaparon el caso presuntas penetraciones no consentidas. Según investigaciones de la cadena estadounidense Univision y el medio español elDiario.es, los hechos habrían ocurrido en 2021 en las residencias del artista ubicadas en República Dominicana y en las Bahamas.

En su argumentación, la defensa sostuvo que los presuntos delitos “deben perseguirse en el lugar de comisión” y que solo en el caso de que ello no fuera posible podrían eventualmente ser investigados en España.

El abogado también remarcó que ninguna de las denunciantes es española ni reside habitualmente en ese país, y cuestionó que la Fiscalía pueda atribuirse facultades que, según expresó, la convertirían en un “Fiscal Universal”.

En paralelo, las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que acompañan a las denunciantes, señalaron que la presentación se realizó en España porque su legislación podría resultar más favorable para este tipo de casos.

Según informaron las asociaciones, ambas denunciantes deberán declarar próximamente ante la justicia española, que les otorgó el estatus de testigos protegidos.