Sigue la polémica por la achilata: "La ordenanza beneficia a unos pocos que buscan hacer negocio con el trabajo ajeno"

Jueves 22 de Enero de 2026, 12:14

“Esta ordenanza es injusta y hay que decirlo. No defiende a los trabajadores, los condiciona. No ordena, excluye”. El concejal Leandro Argañaraz (UCR) respondió a las declaraciones del secretario general del sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), Roberto Quiroga, y respondió con un proyecto de derogación parcial de los artículos de la ordenanza que habilitan al gremio a determinar quienes serán los vendedores ambulantes, al municipio a determinar los puntos para la venta del producto, con la obligatoriedad de inscripción como monotributistas.

De esta manera ratificó su rechazo a la ordenanza que regula la venta de achilata, al considerar que no está pensada para cuidar a los trabajadores, sino para beneficiar a una estructura sindical que busca quedarse con parte del esfuerzo diario de trabajadores en situación de vulnerabilidad, “mi obligación como concejal es marcar cuando una norma perjudica a quienes viven de su trabajo y favorece a estructuras que concentran poder. Yo voy a seguir defendiendo el derecho a ganarse la vida sin intermediarios ni aprietes”, agregó el concejal.

“Mi posición es clara y no admite interpretaciones: estoy del lado de los achilateros, pralineteros, vendedores de algodón de azúcar y pochocleros. Personas que salen todos los días a ganarse el mango bajo el sol, la lluvia o el frío. El problema aquí es un esquema que pretende usar su necesidad para que unos pocos se queden con parte de su enorme esfuerzo”, afirmó el edil.

Argañaraz sostuvo que la ordenanza consolida un sistema de intermediación obligatoria, donde un sindicato pasa a decidir quién puede trabajar, dónde y bajo qué condiciones, algo que consideró incompatible con la libertad laboral. “Esto no es orden ni protección. Es un modelo que transforma a sindicalistas en señores feudales modernos, que hacen negocio con la vulnerabilidad de trabajadores que salen todos los días a ganarse el mango, la ordenanza los habilita a coercionar -aún más- a los vendedores ambulantes”, remarcó.

En ese sentido, Argañaraz advirtió que la ordenanza naturaliza una relación desigual, en la que los achilateros son quienes asumen todas las cargas y obligaciones. Señaló que la norma los obliga a afrontar costos fijos, inscribirse como monotributistas para una actividad que es estacional, adquirir carrito e indumentaria exigida al gremio, sin tener en cuenta la realidad de una actividad inestable y dependiente del clima. “Con estas exigencias, muchos trabajadores pueden ser directamente empujados fuera de la actividad, dejando a familias enteras sin su único sustento. Eso no es inclusión ni orden: es desconocer cómo viven y trabajan los tucumanos”, finalizó. /La Gaceta

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