Cuánto poder adquisitivo perdieron los jubilados en lo que va del año

Sábado 27 de Abril de 2024, 13:29

Los ingresos cobrados en marzo sirvieron para comprar un 16% menos que en diciembre



Las jubilaciones perdieron entre 28,5% y 43,7% de su poder de compra en un año. Los ingresos cobrados en marzo sirvieron para comprar un 16% menos que en diciembre; en el último año, unos fueron perjudicados más que otros por la política de los bonos.

Con sus ingresos de marzo, los jubilados del sistema general de la Anses pudieron comprar un 16,1% menos de lo que podían adquirir en diciembre con lo percibido en ese entonces. Ese recorte del poder adquisitivo es la manera en que se notó en los bolsillos el ajuste del gasto público en términos reales que, con otros factores, le permitió al gobierno de Javier Milei lograr un superávit fiscal en el primer trimestre del año. Es el efecto “licuadora”, que implica congelar el gasto, o subirlo nominalmente, pero muy por debajo de la inflación.

La caída en marzo fue del 28,5% al 43,7%, según de cuánto sean los ingresos, si se compara la capacidad de compra de los haberes (considerando los bonos que cobra alrededor del 45% de los jubilados, según datos oficiales) con los de un año antes. En este mes, se espera que la inflación sea de aproximadamente el 10%, el sistema de actualizaciones experimentará un cambio significativo y la situación se estabilizará. A partir de ahora, habrá ajustes mensuales y por inflación, y solo en abril se sumará una recomposición extraordinaria al porcentaje de variación del IPC (la suba de los haberes, no del bono, es del 27,4%).

La primera recomposición de este año se otorgó en marzo y fue del 27,18%, después de dos meses sin cambios en los haberes. La inflación acumulada en el primer trimestre fue del 51,6%, según el Indec, con un 20,6% en enero, un 13,2% en febrero y un 11% en marzo. En 2023, sin embargo, las prestaciones cayeron entre un 14,1% y un 37,4% como resultado del aumento de precios y de la implementación de la fórmula de movilidad impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Esa modalidad de reajustes aprobada por ley a fines de 2020 y que quedará sin efecto este año, resultó muy insuficiente frente a una inflación con tendencia creciente, que en los 12 meses del año pasado fue de 211,4% (la movilidad jubilatoria resultó en el período de 110,9%). La fórmula perjudicó a los jubilados con especial fuerza en diciembre último: ese mes se le aplicó un tope al porcentaje de suba de las prestaciones (un tope que se había previsto en la ley), en un contexto en el cual ya se venía dando una fuerte caída del valor real de los haberes.

En su discurso por cadena nacional del lunes por la noche, el presidente Milei afirmó que “de los 5 puntos de déficit del Tesoro que ajustamos, solo 0,4% responden a una pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones”.

No obstante, la reducción de los ingresos contribuyó a superar el déficit de las finanzas públicas. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), las prestaciones de seguridad social representaron el 40,2% del gasto total. Para los jubilados y pensionados, la situación fue mucho menos significativa, ya que su capacidad de compra ha disminuido de manera constante desde finales de 2017.

El deterioro del valor de los ingresos con respecto a diciembre se sintió con mayor fuerza en febrero que en el primer trimestre de este año. En el primer trimestre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec experimentó una variación del 36,6%, mientras que los montos percibidos permanecieron sin cambios. Eso resultó en una disminución del poder de compra del 26,8% en comparación con diciembre de 2023. Sin embargo, la caída fue del 17,1% solo en el primer mes del año en comparación con diciembre.

Todos sufrieron la misma pérdida durante los primeros tres meses del año. Por otro lado, al analizar los datos anuales, se observan variaciones en la situación de cada individuo en cuanto al pago de bonos o refuerzos, lo que se debe a una política discrecional.

El ingreso de quienes cobran solo el haber mínimo y, por lo tanto, reciben el refuerzo sufrió un deterioro de poder adquisitivo del 28,5% en marzo último, en comparación con el mismo mes de 2023. Para aquellos que nunca recibieron el refuerzo, la caída fue del 40,9%. Los jubilados que tenían un bono un año antes pero lo dejaron de cobrar en septiembre del año pasado son los más afectados, con un 43,7%. Este último es el caso de alguien que en marzo de este año tuvo un ingreso bruto de $229.173 y que cobró $100.000 más un bono de $5000 en el tercer mes de 2023.

Durante 2023, en tanto, quienes tienen solo un haber mínimo fueron también (por cobrar el bono) quienes menos perdieron. Pero, aun con el refuerzo, tuvieron en diciembre un ingreso que les alcanzó para comprar un 14,2% menos que lo que habían podido adquirir con lo percibido a fines de 2022. Quienes nunca percibieron el refuerzo sufrieron una caída del valor real de sus ingresos de 32,3%, y quienes cobraban bonos, pero ya no los tuvieron más desde septiembre de 2023, perdieron en el período en en cuestión un 37,4%.

Gasto licuado

En los números macro del Estado, esa pérdida en los bolsillos tuvo su correlato en una caída de 31,4%, en términos reales, del gasto asignado al pago de prestaciones, según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Es decir, en el primer trimestre se destinó a las jubilaciones y pensiones casi un tercio menos de recursos que en ese mismo período de 2023, medidos los datos en términos reales (corregidos por inflación).

“La baja del gasto en jubilaciones y pensiones es consecuencia del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad, como así también de la frecuencia de actualización (trimestral), parcialmente compensada por la aplicación de bonos a los jubilados y pensionados de menores ingresos”, analiza el informe de la OPC.

¿Qué sucederá después de esto?

La ley 27.609 contiene la fórmula de movilidad mencionada en el comentario. En julio próximo, esta norma ya no se aplicará y los ajustes trimestrales que se derivan de ella serán sustituidos por subas mensuales que replicarán los porcentajes de variación del IPC con un periodo de espera de dos meses.

De abril a junio, se aplica un sistema de transición o "empalme" de acuerdo con el DNU 274. La regla sigue en vigor y el Gobierno otorga incrementos mensuales en forma de préstamos. El primer incremento que se produce bajo el esquema provisional es el del 27,4% en abril, resultado de considerar el IPC de febrero y añadir un incremento extraordinario. En mayo, se llevará a cabo un segundo reajuste del 11%, similar al nivel de inflación de marzo, y en junio se replicará la variación del índice de precios de abril.

Durante el mes de junio, se evaluará el aumento total en el trimestre en comparación con el resultado de la fórmula utilizada en los últimos años (la cual, como se mencionó anteriormente, permanece en vigor hasta ese mes). Ese resultado se basará en los cambios en la recaudación de impuestos y salarios durante el primer trimestre de este año. Si el resultado de ese cálculo supera la subida real otorgada en los tres meses, se aplicará una suba adicional para compensar la diferencia.

La política de jubilación flexible se aplica a los ingresos reales. No alcanza el valor del bono, que en abril y mayo sigue siendo el mismo que en marzo. /La Nación