El legislador Vargas Aignasse propone que los condenados en primera instancia no puedan presentarse como candidatos
Martes 25 de Noviembre de 2025, 05:47
MAYOR DUREZA. El proyecto del legislador peronista resulta aún más restrictivo que el elaborado por el Poder Ejecutivo, que alcanza a los condenados en segunda instancia judicial.La Legislatura provincial vuelve a quedar en el centro de la escena política con la presentación de una iniciativa que busca impedir que personas condenadas en primera instancia puedan competir por cargos electivos. La propuesta, impulsada por el legislador justicialista Gerónimo Vargas Aignasse y acompañada por Roberto Moreno, aparece en un momento en el que el recinto ya se encuentra tensionado por el inminente tratamiento del Presupuesto 2026 —estimado en casi $5 billones— y por las negociaciones que encabeza el vicegobernador Miguel Acevedo para avanzar con una reforma electoral más amplia.
El articulado incluye un listado extenso de delitos que impedirían la postulación: hechos contra la administración pública, delitos dolosos contra la vida, contra la integridad sexual en casos graves, narcotráfico, trata de personas, lavado, terrorismo, criminalidad organizada, delitos contra el orden constitucional y crímenes de lesa humanidad, entre otros.
La prohibición alcanzaría no sólo a quienes pretendan competir en elecciones, sino también a legisladores, intendentes, concejales, delegados comunales, ministros, secretarios, autoridades de entes autárquicos y funcionarios equivalentes.
Vargas Aignasse justificó la propuesta señalando que una condena de primera instancia “no es una mera imputación, sino el resultado de un juicio íntegro, con pruebas producidas y un tribunal imparcial”. Según explicó, no se trata de imponer una pena adicional, sino de “preservar la integridad del sistema democrático” a través de requisitos de acceso a cargos públicos.
El proyecto se diferencia de la iniciativa enviada en 2024 por el Poder Ejecutivo provincial, que aún permanece sin dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales. Aquella versión —firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Regino Amado— proponía inhabilitar candidaturas a partir de una condena en segunda instancia, e incluía también a los deudores alimentarios. La propuesta actual, más estricta, traslada el umbral de inhabilitación a la primera sentencia condenatoria.
El debate sobre “Ficha Limpia” no es nuevo en Tucumán. En 2020 se presentó la primera iniciativa bajo ese nombre, impulsada por el entonces legislador José María Canelada, pero nunca llegó al recinto y terminó archivada. Esta nueva versión, más amplia y más severa, vuelve a poner el tema en primer plano mientras la Legislatura combina el análisis del Presupuesto 2026 con discusiones políticas de alto voltaje.
La cuestión promete un cruce intenso entre oficialismo y oposición, y abre interrogantes sobre el alcance real que podría tener una reforma que modifica las reglas de competencia política en un escenario provincial marcado por internas, reacomodos y el proceso de negociación de la reforma electoral. Por lo pronto, la iniciativa ya se instaló como uno de los debates más sensibles de fin de año.
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